En un operativo de alcance discreto, Raúl Martins, ex agente de la SIDE, fue extraditado desde México para enfrentar en Argentina un juicio por explotación sexual y lavado de dinero. Martins arribó a la Ciudad de Buenos Aires la noche del viernes, procedente de Cancún, donde cumplía arresto domiciliario.

A sus 78 años, Martins habría encabezado una organización dedicada a la explotación de mujeres y habría mantenido una colección de videos comprometedores con figuras poderosas, utilizados para extorsionar y conservar su influencia. Desde 2019 existe un pedido de captura internacional emitido por la justicia argentina; pese a haber sido detenidos ese año en México, logró evitar la extradición durante siete años gracias a sus contactos y recursos legales en ese país.

El procesamiento fue dictado en 2019 por la jueza federal María Romilda Servini de Cubría, y desde entonces Martins permaneció detenido, primero en prisión común y luego bajo arresto domiciliario. Su detención anterior ocurrió cuando intentaba viajar a Belice disfrazado con una peluca; sostuvo que la detención no fue legal, alegando que la orden llegó a la justicia mexicana un día después de su arresto.

El ex agente enfrentará un juicio oral ante el Tribunal Oral Federal N° 7 de Buenos Aires, junto a una docena de imputados. Aparte de los cargos por asociación ilícita y explotación sexual, Martins está siendo investigado por lavado de dinero derivado de prostíbulos en la Capital Federal, donde en los años 90 gestionó una decena de locales.

Desde 2003, cuando se asentó en México, Martins abrió boliches de sexo VIP en Cancún, algunos con nombres idénticos a los de Buenos Aires, como "The One". Según datos expuestos en un juicio laboral, sus ingresos rondaban los 1,5 millones de dólares anuales en Argentina y casi 2 millones en México.

Su poder empezó a resentirse en 2019, cuando la jueza Servini de Cubría lo procesó junto a familiares de su última esposa, Estela Percival, incluyendo a su hermana Natalia Percival y a su madre Virginia Solis. El caso también involucra a su hijo Ariel, quien permanece prófugo. La magistrada destacó las relaciones estrechas de Martins con integrantes del Poder Judicial, fuerzas de seguridad y la ex municipalidad de Buenos Aires, vínculos que, según la investigación, le habrían permitido operar con impunidad durante años.

Entre las denuncias más contundentes figura la presentada por su propia hija, Lorena Martins, en 2011, acompañada por la ONG La Alameda, que lo acusó de proxenetismo y de usar sus conexiones para evitar investigaciones. Entre las pruebas se encuentra un video de un cumpleaños de 2005, en el que Martins despotrica contra el fiscal José María Campagnoli y agradece a ciertos allegados.