La Ciudad de Buenos Aires realizará el 5 de octubre una audiencia pública para evaluar los pliegos de la actual licitación de recolección de residuos, cuyo marco abarca las concesiones que regirán entre 2028 y 2038. En ese contexto, el gobierno de Jorge Macri enfrenta una expectativa de conflicto con el Sindicato de Camioneros, que sostiene que las condiciones laborales deben contemplar indemnizaciones para los trabajadores al momento de finalizar cada contrato o ante cambios de contratista.
El núcleo de la disputa pasa por si las cláusulas de los pliegos obligarán a la empresa adjudicataria a abonar indemnizaciones a los empleados, de cara a un periodo que se iniciaría dentro de casi 12 años. Los Moyano –liderados por Hugo Moyano y su hijo Pablo– ya adelantaron que protestarán si esas partidas no figuran expresamente en las condiciones de la contratación.
Además, el sindicato advierte sobre la necesidad de que el presupuesto del año 2027 de la ciudad contemple recursos para resarcir económicamente a unos 6.000 trabajadores del sector. Aunque, a partir de septiembre de 2028, se prevé que los trabajadores permanezcan empleados durante 10 años en las mismas empresas o en firmas ganadoras de la licitación, la viabilidad de esas indemnizaciones genera inquietud entre los dirigentes sindicales.
Según el planteo técnico del pliego vigente, existiría un monto aproximado de 200 millones de dólares destinados a cubrir indemnizaciones de los recolectores de la ciudad. En la versión previa, el apartado que regula el personal operativo contempla un ítem denominado “Indemnizaciones Finales”: al concluir el contrato, la adjudicataria debe calcular esas indemnizaciones y, una vez auditadas, el Gobierno de la Ciudad debe transferir los montos a la empresa para que ésta resarza a los trabajadores.
El trasfondo de la situación es la conocida como Ley Moyano, una norma no escrita que, desde 1998, ha permitido a la dirigencia del Sindicato de Camioneros exigir que cada renovación de concesión conlleve indemnizaciones y posterior recontratación del personal. Si bien esa “ley” no tiene sustento jurídico formal, su efecto práctico se ha visto reflejado en varias municipalidades, incluido el Área Metropolitana, como Avellaneda y Moreno, donde el sindicato ha obtenido resultados similares frente a nuevas concesiones.
Este contexto añade una lectura de presión política y sindical sobre una licitación clave para el servicio público de higiene urbana de la ciudad, que deberá presentarse y debatirse con las reglas vigentes y, sobre todo, con la expectativa de los trabajadores representados por Camioneros.
