El oficialismo en el Senado atravesó un trimestre complejo, con señales económicas desfavorables y tensiones internas que, desde la Casa Rosada, se reflejaron en una serie de maniobras para mantener el control de la agenda. En ese contexto, la bancada de La Libertad Avanza salió al cruce tres veces en el recinto durante el último mes, con el objetivo de destrabar iniciativas reclamadas por el Ejecutivo y empujar definiciones en varias comisiones. El resultado fue una descompressión de la agenda para el tramo final de las sesiones ordinarias, aunque persisten retos políticos y de gasto para la administración central.

Los vaivenes del bloque libertario, particularmente entre junio y agosto, fueron alimentados por discrepancias internas y por presiones que, según distintos actores, llegaron incluso desde Balcarce 50. Esa dinámica dejó al descubierto gestiones que, en ciertos casos, terminaron impulsando la aprobación de normas de baja eficiencia, como la ley de propiedad privada, hasta ahora estancada en Diputados. Aun así, no hubo reproches explícitos desde el Ejecutivo por esa normativa, y Bullrich decidió tomar la iniciativa para recuperar terreno en el Congreso.

Entre las actuaciones más destacadas, el 27 de agosto se dio una nueva sesión de pliegos judiciales que obligó a la coalición de extracción cristinista a explicar su voto ante la opinión pública. Dos semanas antes, el 17 de agosto, la Libertad Avanza logró convertir en ley la Inocencia Fiscal II y, además, respaldó un proyecto para elevar los cortes de biocombustibles — biodiesel y bioetanol —, tras largas gestiones y presión del sector azucarero que buscaba acelerar cambios.

En la sesión más reciente, el oficialismo introdujo modificaciones a un proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y lo remitió a Diputados en segunda revisión, dejando la definición final para la Cámara baja. La votación estuvo marcada por una tensión inusual cuando surgieron mensajes provenientes de Balcarce 50 que parecían buscar alterar lo acordado.

Este giro obliga a la coalición gobernante a evaluar sus movimientos de cara al Presupuesto 2027, cuyo debate en la Cámara baja debe arrancar en breve. Paralelamente, el Senado aún mantiene varios articulados frenados, como los relacionados con Sociedades y el Súper RIGI, entre otros, lo que señala que la agenda no se ciñe plenamente a lo previsto y que quedan pendientes definiciones importantes.