Raúl Pleé, fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal, desistió del recurso que buscaba reabrir la investigación sobre el crédito suscrito con el Fondo Monetario Internacional en 2018 por el gobierno de Mauricio Macri. En su dictamen, afirmó que la pesquisa no se cerró de forma prematura y que, a lo largo de más de cinco años, se produjeron numerosas actuaciones de prueba; además,Consideró que los fiscales que impulsaban la acusación no lograron precisar qué diligencias concretas quedaban pendientes para avanzar.

“No encuentro fundamentos para sostener que la investigación se encontrara incompleta ni que haya sido clausurada de manera prematura”, sostuvo Pleé en su presentación y, al mismo tiempo, pidió que se tenga por desistido el recurso presentado ante la Casación.

Los fiscales Franco Picardi y José Luis Agüero Iturbe habían apelado el cierre de la causa, sosteniendo, precisamente, que la resolución era prematura. El archivo del expediente fue dispuesto por la jueza federal María Eugenia Capuchetti y ratificado luego por la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal. El 25 de septiembre, esa sala declaró inadmisible el recurso de casación presentado por Pleé, quien luego interpondría una queja para que el caso llegara a esa instancia.

Pleé, que actuó como fiscal general subrogante de la Fiscalía General Nº 3, argumentó que la impugnación no cumplía los requisitos para prosperar y que carecía de argumentos suficientes para cuestionar las decisiones judiciales anteriores.

La hipótesis de los fiscales apuntaba a un supuesto esquema defraudatorio que, entre mayo de 2018 y septiembre de 2019, habría contado con la participación de funcionarios del Poder Ejecutivo y del Banco Central, en conjunto con actores privados. Según esa acusación, el Estado habría contraído una deuda de US$57.100 millones, con supuestos incumplimientos de normas constitucionales y legales y con argumentos engañosos sobre el destino y los objetivos de los fondos.

La investigación también buscaba determinar si las divisas obtenidas se habrían usado para la fuga de capitales, para beneficiar a grupos económicos privados o para otorgar ventajas a personas mediante información privilegiada, y cuestionaba la trazabilidad y el control de ciertos fondos. Pleé describió esos planteos, pero concluyó que no estaban respaldados por elementos suficientes para sostener delitos. En particular, señaló que, si bien los fiscales insistían en proseguir con la búsqueda de pruebas, no especificaron qué medidas concretas permitirían demostrar las conductas denunciadas.

“Lo que la cámara señaló como incógnita no era el resultado que deseaban los fiscales, sino qué diligencias concretas faltaban para avanzar”, resumió Pleé. Con ese criterio, pidió dejar sin efecto el recurso y mantener el archivo de la causa.