El decreto quedó publicado en el Boletín Oficial y apunta a los impuestos a los combustibles líquidos (ICL) y al dióxido de carbono (IDC) que inciden en naftas y gasoil. Por ley, esos tributos deben ajustarse trimestralmente conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC). No obstante, el Gobierno continúa aplicando sólo una parte de esas actualizaciones y pospone el traslado del saldo restante.
El saldo pendiente cubre las actualizaciones correspondientes a 2024, 2025 y al primer y segundo trimestre de 2026. En los fundamentos del decreto, el Ejecutivo sostuvo la necesidad de "continuar estimulando el crecimiento de la economía" mediante un sendero fiscal sostenible, lo que justifica una nueva postergación.
Esta decisión tiene un costo para las arcas públicas. En los primeros ocho meses de 2026, la falta de actualización plena de estos impuestos dejó una caída de recaudación estimada en US$ 1.229 millones. La incidencia del ICL y del impuesto al CO2 sobre el precio final en surtidor permanece por debajo de su desempeño histórico.
Para 2027, el Gobierno proyecta un cambio en la dinámica de ingresos por estos tributos. En el Proyecto de Presupuesto 2027 remitido al Congreso, se espera un aumento del 59% en la recaudación proveniente de los tributos sobre naftas y gasoil, el mayor crecimiento dentro de los ingresos tributarios.
La medida llega en un contexto de nuevos movimientos en los precios de combustibles. Raízen (operadora de Shell), Axion y Puma comunicaron subidas que oscilan entre 2,5% y 5%, reagudizadas por el alza internacional del petróleo tras el conflicto en Medio Oriente. YPF, que concentra más de la mitad del mercado local, inicialmente no acompañó, pero luego anunció un incremento promedio del 1% en naftas y gasoil. La petrolera sostiene su esquema de "buffer" para evitar trasladar de forma inmediata toda la volatilidad externa a los precios domésticos.
