La provincia de La Pampa informó que presentó una medida cautelar ante la Justicia Federal con el objetivo de frenar, de manera provisional, los artículos 3° y 4° del Decreto 982/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, y publicado el viernes. La norma corrigió el reparto de las regalías generadas por el complejo hidroeléctrico de Los Nihuiles, ubicado en el río Atuel, y estableció que Mendoza pase a cobrar la totalidad de esos ingresos, rompiendo el esquema vigente desde 1973, que fijaba una distribución igual entre Mendoza y La Pampa.
La acción fue impulsada por el gobernador Sergio Ziliotto y busca mantener de forma transitoria el criterio anterior hasta que la justicia defina la cuestión de fondo. En su presentación, la administración pampeana argumenta que la norma vulnera derechos y se apoya en antecedentes judiciales y acuerdos interprovinciales.
Ziliotto subrayó que la postura de La Pampa tiene respaldo jurisprudencial y de acuerdos entre provincias, citando fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) de 1987, 2017 y 2020 que reconocen la interprovincialidad del Atuel y la participación pampeana en la generación de energía de Los Nihuiles. Además, señaló un convenio interjurisdiccional de 1992 entre Nación, Mendoza y La Pampa, homologado por la CSJN, por el cual Mendoza debe abonar regalías a La Pampa conforme a los porcentajes fijados por la Ley 15.336 y el Decreto 1560/73. Según la provincia, ningún decreto puede anular un acuerdo entre partes.
La defensa pampeana sostiene que, al tratarse de un convenio entre distintas jurisdicciones, no corresponde modificarlo unilateralmente y advierte que la decisión afecta la autonomía provincial, la seguridad jurídica y el federalismo de concertación. El decreto 982/2026, aunque cita el convenio de 1992 para sustentar su postura, lo interpreta de manera distinta y señala que futuras normas o fallos podrían alterar lo acordado entre las partes.
