El proyecto recibió en el Senado un respaldo significativo este jueves, al lograr una aprobación con 41 votos a favor, 25 en contra y ninguna abstención. La iniciativa apunta a renovar el marco regulatorio establecido por la ley 27.640, sancionada en 2021, con el fin de liberar la capacidad instalada y potenciar la generación de energía verde, en un marco de preocupaciones ambientales crecientes y como alternativa económica a los combustibles fósiles.
Si también logra el aval de la Cámara de Diputados, el texto introduciría un cambio sustancial: pasaría de un régimen donde los cortes porcentuales y las provisiones se definen principalmente con regulación estatal, hacia un marco más abierto a la competencia de mercado, con implementación escalonada hasta el año 2036.
La Fundación Barbechando, que acompaña las gestiones parlamentarias vinculadas al sector agroindustrial, enumeró los principales puntos del avance. Entre ellos, el biodiesel fue el tema que generó mayor debate en esta etapa. Según la organización, las diferencias no se centraron en la viabilidad del corte, sino en la forma y el calendario para su aplicación: cuánto del corte obligatorio quedaría reservado para las empresas no integradas y cuánto podría moverse al segmento de libre negociación, abierto para integradas y no integradas por igual.
El proyecto, tras su paso por el Senado, deberá volver a Diputados para un nuevo análisis en comisiones. Si allí se mantiene la mayoría de apoyo, recibirá la segunda media sanción y quedará convertido en ley, con una proyección de implementación de diez años.
